La sequía de más de tres años de duración que sufre una parte de las cuencas internas de Cataluña, ha provocado un sinfín de problemas de todo tipo en la zona afectada. Aquí ya nos hemos ocupado ampliamente en estas páginas de los problemas “técnicos”, que han afectado a la gestión de los embalses y los regadíos, estableciendo restricciones duras hasta el final de la pasada primavera. Hoy nos ocuparemos de los sociales, analizando la postura de la Cumbre Social del Agua 

Llovió algo en primavera, los embalses se recuperaron y el gobierno autonómico saliente pudo acabar su mandato más tranquilo al haber podido levantar casi todas las restricciones más duras. Así se ha podido pasar el verano, crucial para el turismo en la economía regional, sin ahogos.

Mientras que la vecina cuenca del Ebro, también catalana, está al 67% de volumen embalsado, el nuevo gobierno,  ya ha dado a conocer las medidas que aplicará en sus cuencas internas para que nada de lo ocurrido se repita, en el caso de que una nueva sequía afecte a la zona más poblada  y de menos recursos hídricos de Cataluña.

Cuando llegó el alivio de las lluvias primaverales, las entidades ambientalistas no se fueron de vacaciones. A comienzos del mes de junio de 2024, casi medio centenar de representantes de las treinta entidades ambientalistas, ecologistas, asociaciones vecinales y operadores públicos de toda Catalunya se reunieron para celebrar la cuarta Cumbre Social del Agua, 

En esta cumbre se agrupan todas las de entidades catalanas que piden una mejor gestión hídrica en este ámbito geográfico. Disponían de voz y voto en la oficial Mesa Nacional del Agua impulsada por los gestores del gobierno de  la Generalidad. 

Esta Mesa Nacional pretende ser un “espacio de diálogo y concertación sobre las políticas del agua, en que están representados los diferentes usos y agentes implicados y que deberá marcar la hoja de ruta para determinar la nueva política del agua en Cataluña para evitar conflictos en el futuro, teniendo en cuenta la situación actual y las previsiones del Cambio Climático”.

Sus objetivos son el “análisis de los datos y las posibles alternativas para avanzar en la mejora del estado de los ecosistemas hídricos, los caudales ambientales y la biodiversidad. También garantizar el agua para los diferentes usos, y reducir el déficit hídrico. Y además, mejorar la resiliencia del país ante el impacto del cambio climático.

Se trabaja sobre:

Las reservas actuales de agua y su evolución

La inclusión de parámetros de cambio climático en las posibles reservas

Una detallada determinación de los consumos de agua de cada sector

Los ámbitos de mejora sustanciales pendientes

Determinación de los costes actuales del agua y la evolución a futuro 

El diseño de la hoja de ruta para país que garantice la sostenibilidad de sus recursos hídricos”

En la fecha antes indicada (junio de 2024), aún no se había constituido el nuevo gobierno catalán. Para fijar su postura ante lo que pudiera venir, la Cumbre Social del Agua dejó muy clara su postura sobre la entonces alternativa de interconexión de cuencas Ebro-Pirineo Oriental. Para ellos esa actuación era una línea roja en las negociaciones para formar gobierno. Además elaboraron un decálogo de propuestas que trasladaron a los grupos parlamentarios. 

Los principales puntos del decálogo son la petición de mejorar el derecho a la información sobre los recursos hídricos, para ellos gravemente vulnerada en el trienio seco.  La reducción de la demanda y un cambio de la ley de aguas. La mejora de la participación de los agentes sociales y ambientales. Y  se reivindicaron como “actor legítimo” para participar activamente en la planificación de nuevo ciclo 2028-2033 de las cuencas internas catalanas a redactar por la Agencia Catalana del Agua. 

La consecuencia de estas conclusiones fue que la Cumbre Social del Agua decidió no volver a sentarse en la Mesa Nacional del Govern. Y un vocero del Grupo de Defensa del Ter, consideró que esta Mesa había sido una herramienta “inoperativa”, inservible para debatir, ni consensuar  un cambio del modelo de gestión del agua en el país.

Pasó el verano y se constituyó el nuevo gobierno autonómico. A finales de agosto, presentaron su política del agua: 

• Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de las aguas del Ter en Cardedeu
• Ampliación y mejora de la Planta de Tratamiento del Llobregat
• Desdoblamiento del Tramo IV de la conducción de agua potable del la ETAP del Ter al depósito barcelonés de la Trinidad
• Construcción de las desalinizadoras de Tordera II, Foix y Costa Brava Norte. 

Como puede observarse, nada de interconexiones ni trasvases y mucho de regeneración y desalinización en la línea del gobierno anterior

 Pero a la Cumbre Social tampoco le agradó la inclusión de la desalinización en el nuevo plan. Por eso, el 3 de septiembre de 2024, emitió un comunicado manifestando su repulsa a la anunciada construcción de una nueva  desalinizadora. La prevista en la turística y bucólica comarca catalana del Ampurdán. Y reiterando su exigencia a la adopción de medidas  de reducción de la demanda de agua en las cuencas internas de Cataluña.

Su propuesta para eliminar también las desalinizadoras de la solución global a la sequía es clara. Exigir un  nuevo modelo de gestión del agua basado en analizar y reducir su demanda. Como es sabido, el nuevo gobierno catalán proclama que el agua es una de sus máximas prioridades. Sin embargo, la Cumbre no comulga con que las acciones previstas para acabar con las letales consecuencias de nuevas sequías se hayan acordado sin seguir los procedimientos de participación y evaluación establecidos.

E inciden en su crítica contra la decisión de apostar en ellas por la desalinización. Alegan argumentos contrarios  procedentes de la Academia  que ponen de manifiesto las afecciones ambientales de las plantas desalinizadoras. Y enfatizan que, desde el punto de vista de los costes,  de todas las infraestructuras hidráulicas posibles, esta es la menos aconsejable. Porque “multiplica por 15 el precio del agua y emite una cantidad de Gases de Efecto Invernadero muy superior al resto de sistemas de potabilización”.

No es este argumento nada baladí y coincide con lo expresado en varios artículos nuestros. Las tarifas del agua han experimentado una importante, aunque poco acusada por la opinión pública, subida. Porque desde enero de 2024 la tarifa del agua que cobra la empresa pública suministradora de agua a la gran mayoría de los habitantes de Cataluña (Aigües Ter Llobregat, ATL) ha subido un 33,7%.

 Y este incremento es debido al trabajo a destajo de las dos desalinizadoras existentes,  por la carencia de recursos superficiales en embalses y acuíferos. Como es lógico, todas las empresas operadoras que reciben el agua de ATL, han repercutido este incremento a sus clientes. Por su parte, la consejera del ramo del agua ya ha declarado públicamente que, se muestra  «partidaria» de subir el precio del agua para poder construir nuevas infraestructuras hídricas

Ante este desideràtum, la Cumbre Social del Agua opina que “la respuesta a la escasez hídrica y la crisis climática no puede ser una política de oferta infinita de agua con la construcción de nuevas infraestructuras que comprometan aún más el futuro del país”

Como indica claramente el “slogan” de la campaña gubernamental de ahorro del agua durante la fase más cruda de la sequía “El agua no cae del cielo”, la estrategia del Gobierno pasa por desconectarse de la lluvia. Y la Cumbre considera que esa es “una respuesta irracional y completamente antropocéntrica”. Porque para ellos, “menosprecia la necesidad de agua de los ecosistemas, el campo y se focaliza en garantizar el agua para las actividades económicas”. 

Así las cosas, apuestan sin dudarlo por la adopción de políticas de gestión y reducción de la demanda. Conociendo cuánta agua se puede dar a cada territorio con el agua que hay ahora. Y priorizando usos y   refuerzos puntuales de infraestructuras, si fuera necesario en tiempo de escasez.

Para finalizar, solicitan la puesta en marcha ya mismo los consejos de cuenca para “permitir la participación de los agentes sociales y económicos del territorio en la elaboración del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña 2028-2033, tal y como establece la Directiva Marco del Agua”. Y piden, aunque sorprenda leerlo, “vigilar que prime el rigor científico y técnico en la elaboración del nuevo plan”. Decimos que sorprende porque parece como si en los tres ciclos de planificación  anteriores no hubiera primado.

En fin, como bien indica el último comunicado de la Cumbre, la solución de desalinización deberá estar cimentada en los resultados de un estudio de impacto ambiental. Que debería haberse elaborado previamente al  acuerdo. También deberían conocerse las repercusiones que tendrá en el coste del agua para  el consumidor. Y, lo más importante, conocer la previsión de consumos energéticos. Y el origen de la energía que moverá el agua en las plantas desalinizadoras a construir..

Como conclusión, volvemos a comprobar por enésima vez que de nuevo una solución en teoría“panacea” como es la desalinización, vuelve a ser criticada desde el ámbito ambientalista. Añadiéndola a la lista negra donde duermen  los trasvases, ya  criticados desde hace décadas. 

Se presenta interesante el futuro del agua en las cuencas internas de Cataluña. Mientras tanto, la cuenca alta del Ebro rezuma agua en el Pirineo y el embalse de Mequinenza roza el kilómetro cúbico de capacidad , 70% de su volumen total

¿Resucitará la interconexión?

Lorenzo Correa

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