Brasil es el quinto país más poblado del mundo con la mayor parte de su población concentrada en el litoral atlántico. Su economía es la más potente del hemisferio sur, llegando a situarse en la novena posición mundial en cuanto a PIB, gracias a sus impresionantes reservas energéticas. Pero no solo dispone de petróleo, hierro y gas. También goza de una potente agricultura, ganadería y silvicultura. La concentración tan elevada de riqueza, sin embargo, hace que sea uno de los países más desiguales del mundo. Y a pesar de ello, está considerado como una potencia global emergente. Una futura superpotencia.
Sin agua abundante, todas estas consideraciones serían absurdas. Todos damos por sentado que Brasil es rico en agua. Nos viene a la memoria por el norte el Amazonas y su ubérrima cuenca. La presa de Itaipú en el río Paraná en el sur. Grandes ríos como el Tocantins, el Solimoes, el Negro, el San Francisco, el Paranaiba….mucha agua.
Megadiverso en cuanto a ecosistemas, tiene su paradigma en la Amazonia, reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el mundo, porque además tiene la Mata Atlántica y el Cerrado, que colaboran en estos aspectos brillantemente.
Pero, a pesar de todo ello, el año 2021 ha sido un año crítico en cuanto a la gestión del agua en tan ubérrimo país. ¿Cómo puede ser posible que haya estrés hídrico en un paradisíaco entorno de vida que dispone de las mayores reservas de agua dulce del planeta?
Pues los datos del pasado año demuestran que Brasil está sufriendo el peor episodio de sequía registrado en los últimos 91 años. El Sistema Meteorológico Nacional emitió en mayo de 2021 una alerta de emergencia hídrica para la cuenca del Paraná. Esta cuenca cuenta con más de la mitad del volumen de embalse federal gracias sobre todo a Itaipú. Y se extiende por los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná́.
Como las desgracias nunca vienen solas, Chile ya tiene un vecino no muy lejano con el que compartir las desdichas de la prolongada escasez de precipitaciones. Mal comienzo del nuevo año. Porque las perspectivas del próximo trimestre no son muy halagüeñas, ya que coinciden con la estación seca del país..
El panorama actual de los embalses con niveles mínimos y una demanda que no para de crecer, marca los límites de la gestión del agua brasileña. Ahora en un momento crítico. Porque sin recursos suficientes almacenados, no solo hay restricciones o en el peor de los casos, carencia absoluta de agua. También se ve afectada la gestión de las aguas residuales y, por supuesto la generación de energía hidroeléctrica, tan importante en Brasil. No en vano, más del 60% de la energía producida procede de las turbinas que alimentan los embalses ahora exhaustos
Ante esta situación tan sorpresiva como impactante, al gobierno federal no le queda otro remedio que actuar. Y lo ha hecho en el ámbito de la regulación de la generación de energía hidroeléctrica. Porque es la clave para priorizar los usos del agua en los embalses, y garantizar al máximo el suministro de energía eléctrica a la población, los agricultores y las industrias. Y también, por supuesto, para controlar el desbocado precio de la electricidad.
Para ello se creó a finales de junio de 20121 una unidad interministerial comité de gestión de sequía, denominada “Cámara de Reglas Excepcionales para la Gestión de la Energía Hidroeléctrica (CREG)”. La componen representantes de los ministerios de Minas y Energía, Economía, Infraestructura, Agricultura, Ambiente y Desarrollo Regional.
El comité anunció la creación de una nueva franja tarifaria. la denominó denominada “tarifa escasez de agua”. Su aplicación que aumentará las facturas de electricidad de los hogares hasta el final del episodio. De nuevo los más desfavorecidos sufrirán en sus carnes las peores consecuencias de la sequía. Sin agua en el grifo y con la luz más cara.
Porque es obvio que las repercusiones de la nueva tarifa afectan a la factura de la luz. También, al precio de los alimentos y a las tarifas de los servicios públicos. Nada bueno para la gran mayoría de los brasileños. Aquellos que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Terrible realidad de la sequía en países muy desequilibrados en el reparto de la riqueza, como es el caso de Brasil.
Imaginen el impacto entre los habitantes de las favelas. Porque ellos reciben otro golpe directo en la sus mandíbulas y se tambalean aún más en plena época de crisis, agravada por la pandemia de la Covid 19. Además, la inseguridad hídrica está directamente relacionada con la inseguridad alimentaria.
Otro impacto durísimo de la sequía se puede medir ya en los ecosistemas de las cuencas del Amazonas, el Cerrado y la Caatinga. La ausencia de control en la regulación legal efectiva en la protección de los manantiales, bosques de ribera y suelos, repercute directamente en el ámbito municipal en la gestión del saneamiento. Al no poderse sanear las aguas de una manera natural, las carencias de redes de saneamiento agudizan los problemas.
A ello se suma la carencia de caudales circulantes adecuados. Y la degradación de los suelos, junto a la desaparición de los bosques de ribera, deja a los gestores del saneamiento municipal inermes. Y así, el impacto de la carencia de agua llega a afectar a la buena gestión de las necesidades fisiológicas de las personas. A lo más básico para vivir.
Tampoco donde no hay usuarios cercanos, como en los grandes biomas del país, los problemas desaparecen. Es el caso de la ecorregión de El Cerrado, cuyas sabanas tropicales cubren una superficie cercana a los dos millones de km² . Allí reside el reservorio natural de la distribución de agua a casi todo Brasil. No tiene nada que envidiar a la Amazonia, aunque sea menos conocida en el mundo. Pues bien, ahora no hay suficiente agua para abastecer las necesidades hídricas de seis de las doce principales regiones hidrológicas de Brasil. Ni tampoco las del Pantanal, el humedal más grande del mundo. Y 9 de cada 10 brasileños usan electricidad generada por el agua que se origina en la sabana del Cerrado.
Volvamos a la urbe, ya que en ella se concentra la mayor parte de la población brasileña. Y en ella, a las favelas. Duramente golpeadas por todas las crisis desde que existen. Incluida la del Covid-19, que está siendo especialmente onerosa. Como ya hemos indicado en estas páginas, la ausencia de acceso a los mínimos de higiene personal imprescindibles, ha sido letal cuando el virus ha comenzado a circular.
En las favelas, toda incomodidad tiene su asiento. Hay hambre, cortes de energía, carencia de redes de abastecimiento y saneamiento. Y además, pandemia. Solo faltaba la sequía para que aumentaran las tarifas de la electricidad y el gas.
Todos los faveleros saben que ya hace 12 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292. Y que en ella se reconoce que el agua y el saneamiento son un derecho humano. Por supuesto, Brasil unió su voto a los favorables a tal reconocimiento. Pero tal hecho no solo es una declaración de principios de cara a la galería. Es también un compromiso político de invertir en planificación. Para mejorar el acceso al agua de los que no lo tienen y la mejora del abastecimiento y el saneamiento de todos.
Pero como ya sabemos, el agua da de beber y de comer. Y con respecto a la alimentación, los datos tampoco son muy halagüeños. El Grupo de Investigación “Alimentos por Justicia: Poder, Políticas y Desigualdades Alimentarias en Bioeconomía” de la Universidad Libre de Berlín, nos ilumina el panorama. En 2020, mientras la agroindustria brasileña tuvo una expansión récord, millones de personas en el país pasaban hambre. Pero el PIB de la agroindustria tuvo una expansión de 24,31% en 2020.
Cierto es que el lobby de la agroindustria envía mensajes a la población como el de “Agro es Pop”. Con él pretenden estimular el consumo interno. Pero la mayor parte de su producción se destina al comercio exterior. O a la producción de combustibles y a la alimentación animal. La conclusión es que el 59,4% de los hogares brasileños sufrieron inseguridad alimentaria entre agosto y diciembre de 2020, un nivel record en la historia. Lo peor es que se constata que el gobierno federal no ha implementado medidas económicas que garanticen la apreciación del salario mínimo por encima de la inflación. Por todo ello, el desempleo, el debilitamiento de las políticas sociales y el apoyo a la agricultura familiar son algunos de los factores que han llevado al crecimiento del hambre en el país a los niveles de principios de siglo. Solo faltaba una sequía persistente.
Y es que en Brasil, la garantía de abastecimiento y saneamiento adecuado es fundamental para asegurar un correcto funcionamiento de los sectores agrícolas, energéticos y sanitarios. Por eso su particular pirámide de jerarquías de necesidades de Maslow, que sitúa en la base las necesidades fisiológicas, está directamente afectada por la crisis del agua. Por eso la sequía repercute negativamente no solo al acceso al agua, sino también a la producción agrícola, que hace subir los precios de los alimentos.
Además afecta a la generación de electricidad, a la calidad del aire y al transporte de los productos. Y la suma de todas estas afecciones es letal para los más pobres del país. Como puede comprobarse en esos barrios donde la densidad de pobres supera a los de cualquier otro barrio del mundo. Las favelas. Que una parte de su población sufra una alimentación deficiente y poca agua y de mala calidad es terrible. Pero, además ha llegado la pandemia para darle la puntilla a sus habitantes. Una vez más, el huracán amenaza con llevarse todo por delante. Y de nuevo los faveleros han comenzado a actuar, con resultados sorprendentes.
Nada más comenzar la pandemia, miles de grupos comunitarios se organizaron. A pesar de haber nacido para taponar las innumerables brechas por las que las favelas perdían el aliento, supieron unirse para actuar con un único objetivo. El de ayudar a la población local a sobrevivir, suministrándoles alimentos agroecológicos. Por su parte, el Kennedy Brothers Community Center cambió su enfoque de actuación. Y brindó a los residentes de Vila Kennedy paquetes de alimentos básicos con productos de higiene. Además divulgó a todos los habitantes información. Para que así pudieran conocier mejor al virus y las formas de evitar contagios.
En este contexto, sobrevuela la escena política actual el Anteproyecto de Ley 2159. Fue aprobado el pasado año en la Cámara de Diputados de Brasil. Y actualmente está siendo debatido en el Senado, para convertirse en ley. Flexibiliza los requerimientos para aprobar licencias de obras de infraestructura, minería, agricultura y otras actividades de impacto ambiental. Sus defensores argumentan que las reglas existentes de permisos ambientales obstaculizan la inversión. Y que además impiden el crecimiento económico de un país tan rico en recursos naturales.
Así pues, se eliminará la concesión de licencias para ciertos tipos de proyectos. Los que se consideren de bajo riesgo. Pero los ambientalistas sostienen que abrirá las compuertas a la degradación ambiental. Si la iniciativa se convierte en ley tal como está, muchos proyectos dejarán de requerirán licencias ambientales. Serán proyectos de saneamiento y mantenimiento de carreteras. También de puertos, distribución de electricidad de bajo voltaje y pequeñas presas para riego, incluidas las de las minas.
Esta iniciativa legislativa lleva discutiéndose la friolera de 20 años. Y pretende dotar al país de un marco legal ambiental general. En su situación actual está siendo muy criticado por los sectores ambientalistas que afirman que su aprobación tal y como está ahora redactado supondría el desmantelamiento de las políticas de protección ambiental existentes.
Defienden la posición de que los beneficiarios reales de esta nueva ley serían las grandes empresas multinacionales. Y concluyen que el resultado sería catastrófico para el medio. Además, sostienen que agravará la ya delicada situación que atraviesan en Brasil las comunidades indígenas. Porque ya nadie protegerá tierras de su propiedad que no se encuentren totalmente delimitadas y registradas en el catastro.
Lo mismo ocurrirá con las comunidades quilombolas. Se establecieron a mediados del siglo XVI, cuando grupos de esclavos se manumitieron y se unieron en grupos de resistencia a la recaptura. Ocuparon tierras difíciles de alcanzar, lejos de las plantaciones. En 2020 había casi 6.000 comunidades quilombolas en 24 de los 27 estados de Brasil.
En la vigente constitución de 1988, los afrobrasileños lograron que se incluyera un artículo fundamental. El que reconoce a los quilombolas como un grupo cultural y les concede el título de las tierras que han ocupado históricamente.
Sin embargo, en estas tierras la nueva ley permitiría el acceso para realizar actuaciones sin necesidad de licencia ambiental. Aunque sea responsabilidad del Estado reconocer las tierras ocupadas por comunidades indígenas y tradicionales. En consecuencia, este incumplimiento del deber por parte del Estado podría acarrear graves conflictos. Y violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas y quilombolas. Con la consecuencia de graves impactos socioambientales y de salud pública para la población en general.
Lorenzo Correa
¡ Síguenos en las redes sociales !
¿Te interesa la gestión del agua desde la perspectiva del coaching?
Envía un correo a contacto@futurodelagua.com para más información sobre la participación de Lorenzo Correa en charlas, conferencias, formaciones o debates a nivel internacional.