Agua y beneficios. El lema de nuestro epígrafe ha sido creado, al principio de este año de la pandemia. Lo hizo brasileño Observatorio Nacional de los Derechos al Agua y Saneamiento (ONDAS), para su última campaña en Facebook. El debate entre los defensores de la privatización de la gestión de los servicios del agua y sus detractores sigue abierto y es uno de los factores clave que definirán los retos más importantes para el futuro del agua.
ONDAS nació en 2018, el seno de la celebración en Brasilia del Foro Alternativo Mundial del Agua, FAMA. La idea de crear un observatorio brasileño capaz de difundir la deriva y los objetivos de las políticas relativas a la defensa de los derechos al abastecimiento y el saneamiento, venía de antiguo. Pero fue aquí donde cuajó. Diversos colectivos sociales, sindicales y académicos se agruparon para convertirse en los adalides de la prestación pública de servicios de saneamiento básico universales, accesibles y de calidad, con participación y control social. Y se hicieron visibles en FAMA, con el lema “El agua es un derecho y no una mercancía”
Desde entonces, promueven la acción conjunta de sus socios en todo el país, para conseguir la Considerando los diferentes tipos de gestión del saneamiento público, lo fundamental es el fin del clientelismo y del uso político de los recursos que se invierten y la apertura de la empresa al control social, además del establecimiento de metas contractuales claras para la reducción de las desigualdades.
La consolidación del derecho universal al saneamiento, a través de la gestión pública. Es su caballo de batalla para conseguir eliminar los obstáculos que impiden a los más pobres acceder a las redes de abastecimiento y saneamiento en igualdad de condiciones que los demás.
El modelo de operación pública del agua predominante en Brasil es el de grandes empresas de capital mixto bajo control estatal. Eso es CEDAE. Aunque hay otros que funcionan en otras regiones, porque la legislación permite la colaboración público-privada para la prestación de servicios.
En plena pandemia, la situación en Brasil y en concreto en la acumulación de pobres que residen en las favelas es cada día más terrible .La encarnizada batalla entre grupos sociales, los gobiernos estatales y el federal, se ha recrudecido con la COVID-19. Y ahora el gobierno federal de Río de Janeiro, pretende aprobar un ambicioso plan para que en 35 años, todas las actividades de CEDAE, se subcontraten, en asociación con Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES.
Y ya hay luz verde para la privatización de CEDAE, tras el preceptivo visto bueno de la Cámara de Diputados en diciembre. La idea, lanzada al acabar los juegos olímpicos de Río 2016, ya ha sido presentada en público y comenzado a recibir las primeras críticas. Entre ellas, las de ONDAS
La privatización prevista se basa en el otorgamiento de concesiones privadas de operación de redes en las 4 zonas en que si dividirá la ciudad. Se pretende así combinar zonas bien dotadas de redes con otras en las que son inexistentes. Y así, incentivar actuaciones en zonas de nulo atractivo para la iniciativa privada. La crítica surge inmediatamente, con la duda de saber cuánto tendrá que pagar el ciudadano por acceder de manera segura a las redes de abastecimiento y saneamiento.
La referencia que genera suspicacias es que ahora solo un 6% del agua de la ciudad está en manos de operadoras privadas. Y que ese 6% de ciudadanos paga un 70% más por el agua que los servidos por la pública CEDAE.
En el debate eterno y enconado de los defensores de lo público y lo privado, se barajan varias armas:
La eficiencia. Los expertos dicen que es muy similar en ambos casos
La equidad. Aquí el hecho de que los accionistas sean la prioridad antes los clientes, penaliza a la gestión privada
La rentabilidad. Lo mismo, porque no parece sencillo establecer tarifas bajas en barrios pobres manteniendo una alta calidad en el servicio.
El monopolio. Arma letal. Precios muy bajos para atraer clientes y cuando ya están dentro, subida importante
En el caso de Río, el banco actuante intenta templar gaitas. No lo tiene fácil porque lo privado gestionará operaciones que ahora gestiona CEDAE por un valor cercano a los 10 millones de dólares anuales. ¿Quién acabará pagando las inversiones inaplazables a realizar? Además, habrá que dar ayudas a las personas que sin ninguna duda no podrán pagar, con lo que los clientes potenciales disminuirán, aunque no lo haga la demanda.
Hasta ahora, la solución estatal era el endeudamiento. Ha llegado hasta los 15 millones de dólares, tradicionalmente rescatados por el gobierno federal.
Pero el último Plan de Recuperación Fiscal vence el próximo mes de enero. Privatización y austeridad son las últimas condiciones.
Porque la venta de CEDAE supondrá un ingreso para el estado de 4 mil millones de dólares. Aunque los detractores de la privatización continúan asegurando la rentabilidad de CEDAE, hay que reconocer que entre corruptelas y deuda olímpica, la situación es crítica. 13 mil millones de dólares costaron lo juegos. Se llegó a prometer entes de su celebración la urbanización completa de las favelas. No hay más que ver como siguen. Se gastó dinero en líneas de metro que solo comunican barrios ricos
Y para acabar con las notas que definen la cruel realidad, los beneficios del petróleo que siempre han sacado a flote la economía estatal, se han visto drásticamente reducidos por la pandemia. Terrible para Petrobras y para el país en general. La Agencia Nacional del Petróleo anuncia que Río dejará de ingresar 10 mil millones de dólares en los próximos tres años.
La polémica está servida. La joya de CEDAE, será la salvadora de la crisis del Estado. Agua por dinero. El momento de dar a conocer esta decisión, también es objeto de polémica. Justo en plena crisis de la COVID-19. El deseable y legalmente establecido proceso de participación pública, exige una información previa a la que ahora es más difícil de acceder por grupos sociales, como los faveleros, que no disponen de acceso a internet. Otra vez se sienten excluidos dekl proceso de toma d ediciones.
Por su parte, algunos de los que sí tienen acceso a la información y están presentes en el proceso, argumentan que no es de recibo iniciarlo cuando en todo el mundo la tendencia al la privatización del ciclo de los servicios del agua se bate en retirada. porque según ellos, más del 90% son públicos.
Y es que la remunicipalización se va impone por las grandes ciudades de la tierra, con el respaldo mediático de un argumento ético: que el agua pública es un derecho humano. Río, ¿es diferente?. Recuerden lo que pasó justo antes de la eclosión del virus, que aquí tratamos con amplitud de espacio. El agua salía coloreada y con un olor espantoso. CEDAE tranquilizaba respecto a su uso, culpabilizando a la geosmina. Cuestión de algas, nada preocupante. Pero la desconfianza se disparó, cuando ella es el peor enemigo de los gestores públicos.
Y lo hizo aun más. Porque, hace solo dos meses, algunos diarios publicaron que un estudio demostraba que el agua potable estaba contaminada con agua residual doméstica e industrial. Los más desconfiados crearon su teoría de la conspiración. Y achacaron estos hechos a una campaña para mover voluntades hacia la privatización. El peligro reside en que esto, en tiempos de pandemia, es facilísimo de extender entre las conciencias de la ciudadanía. Como una mancha de aceite.
Se publicaron declaraciones difundiendo la sospecha de que: «hubo sabotaje, para socavar la gestión eficiente de CEDAE mientras se prepara para la subasta«. Y se abrió la correspondiente investigación para averiguar si lo hubo , obviamente cerrada por ausencia de pruebas. El mal ya estaba hecho. Se sembró desconfianza. Veremos pronto los frutos de la cosecha,
También se achacan los presuntos sabotajes a despidos masivos en CEDAE. Más de mil fueron a la calle, en primavera y, lo que es peor, con la excusa de la privatización, se anunció una reducción de plantilla que afectaba al 80% del personal. La tormenta perfecta.
En cualquier caso, sea cual sea la manera de gestionar el agua, la realidad es muy dura: A la bahía de Guanabara, estéticamente perfecta, se vierte cada un hectómetro cúbico de agua residual. Y es que menos de la mitad de las aguas usadas reciben tratamiento. A esto se agarran los defensores de la privatización.
La solución pasa por hacer enormes inversiones que solo están al alcance de las grandes multinacionales del agua. Unos argumentan que el estado carece de fondos y otros que los tiene, pero que lo emplea mal. Callejón sin salida. La única verdad aceptada por todas las partes es la de que hay que universalizar el servicio. Pero ¿cómo, y quien lo hace?
Desde las favelas, las quejas aumentan. . Porque se sienten excluidos del debate y consideran que eso racismo ambiental y violencia estatal. Lo creen de verdad, porque durante la pandemia, han tenido y tienen que aportar sus propias soluciones para poder lavarse las manos.
Por eso, intentan volver a organizarse para luchar contra la privatización, aunque parezca imparable su implantación. Piden a CEDAE informes exhaustivos sobre los 104 indicadores que detectan la calidad del agua. Un ejemplo de transparencia contra la desconfianza.
Desde la trinchera estatal, se argumenta que las privadas cumplirán con su parte del trato. Porque en el Marco Regulatorio de Saneamiento Básico revisado se deja muy claro. Si no se alcanza el hito de la universalización para 2033, se aplicarán sanciones a los proveedores. Se prohibirá la distribución de dividendos. Y se cancelarán los contratos, reanudando los municipios el servicio.
¿Será factible que las empresas privadas presten sus servicios en zonas pobres con el capital obtenido de las más ricas?.
¿Tirarán en las favelas por el camino de en medio comprando agua a quien se la venda, contratando camiones cisterna o perforando pozos?. Estas soluciones en ningún caso aseguran usar un agua de calidad, porque el acuífero está contaminado. ¿Acabarán duchándose con agua mineral?. Obviamente, el problema es de muy difícil solución. Y generar confianza parece imposible hoy por hoy.
Repetimos, la desconfianza se cimenta en el argumento de que los operadores privados solo invierten en servicios rentables, dejando que las redes en zonas deprimidas se degraden
La realidad es que la Agencia Reguladora de Energía y Saneamiento Básico del Estado de Río de Janeiro, tiene menos de 20 funcionarios para controlar a las operadoras.
Resumiendo. El Régimen de Recuperación Fiscal (RRF) del gobierno federal, al que se adhirió el gobierno del estado de Río de Janeiro en 2017, obliga al gobierno a reducir el déficit público. Debe ser mediante la la privatización de empresas. Y da la posibilidad de refinanciar deudas con el gobierno federal. También a pedir préstamos basados en los ingresos esperados de las privatizaciones.
Esta fue la vía por la que optaron transitar en CEDAE. Las acciones de la empresa se ofrecieron como garantía de un préstamo al banco BNP Paribas. Para destinarlo a pagar la nómina de los empleados. Por eso, con el fin de pagar este crédito, el gobierno estatal de Río, inició el proceso de audiencia pública sobre la concesión de los sistemas de agua y saneamiento de la empresa pública en junio.
La fecha límite inicial de RRF era septiembre. Se ha conseguido una prórroga de tres años. Por la privatización de CEDAE, clave para lograr la renovación.
En la otra parte de la trinchera, se cree que los cambios impulsados en el Marco Normativo de Saneamiento tienen como objetivo incrementar la participación privada en el sector. Pero, el proyecto de ley aprobado tiene elementos inconstitucionales que sin duda serán impugnados en un tribunal federal.
Considerando los diferentes tipos de gestión del saneamiento público, lo fundamental es el fin del clientelismo. Pero también del uso político de los recursos que se invierten. Además, hay que abrir la empresa al control social. E implantar de metas contractuales claras para la reducción de las desigualdades. Las espadas en todo lo alto. Una batalla más en unos de los conflictos más apasionantes del futuro del agua. El de la privatización
Lorenzo Correa
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