Vuelve a haber sequía en Panamá. La segunda importante del siglo XXI. Y parece que nadie duda que el problema panameño de la gestión del agua en Panamá es uno de los más importantes de los que debe resolver el país para encararse al futuro. Nótese que la gestión del agua y la del Canal están unidas como hermanas siamesas. Sin separamos el agua del canal o el canal del agua, el país se resiente hasta extremos insoportables. Por eso la sequía es un gran problema.  Aunque no es el único, por lo que, a la hora de priorizar problemas, debemos indicar su posición en la lista.

Curiosamente, para muchos, el problema fundamental de Panamá es la desigualdad, que va íntimamente ligado al de la pobreza. Sí, porque la desigualdad es una hidra de seis cabezas.

La primera es la de las oportunidades. Una parte de la población, los que no son pobres, ha recibido educación, está suficientemente alimentada y gracias a ello ha logrado desarrollar sus capacidades. Pero no todos lo han podido hacer, por no haber dispuesto de las mismas oportunidades.

Afortunadamente, Panamá es un gran país, con unas posibilidades de crecimiento asombrosas y grandes valores positivos: sus ciudadanos, cultura, posición geográfica… marcan la diferencia con otros países que poco a poco se van hundiendo en la crisis, con cada vez más dificultades para salir de ella.

Panamá ha apostado por el crecimiento y el desarrollo durante las últimas décadas. Los diferentes gobiernos han intensificado la inversión en infraestructuras y proyectos inmobiliarios. El paradigma es la Ciudad de Panamá, que se ha ido transformado a golpe de rascacielos y servicios innovadores. Pero, detrás de ese escenario de película, está la realidad. Resulta que el 40% de la población vive en condiciones difíciles y el 17% no disfruta de los avances económicos del país.

Además, en las áreas rurales la mitad de la población vive ajena al poderío económico. Si nos fijamos en las zonas habitadas por aborígenes, comprobaremos que en ellas no existen medidas suficientes para adaptar estos pueblos a la sociedad panameña. Aunque la cultura de estas tribus sea reconocida y amada por todos los panameños. Pero también debe de ser una prioridad para los políticos. Como no todos somos iguales, aparece la segunda desigualdad, la de ubicación.

La violencia golpea a muchos panameños residentes en las grandes ciudades del país. Más de 400 muertos en la ciudad lo atestiguan, debido a la proliferación del crimen organizado. Tampoco aquí somos iguales. Es la tercera desigualdad, la del respeto a las leyes.

El acceso a la sanidad universal y  a los medicamentos. O el apoyo firme a la investigación, el desarrollo y la educación en salud. Ninguno de ellos están aún resuelto del todo. Esta es la cuarta desigualdad, la que surge ante la enfermedad.

La deuda pública es un problema silencioso que avanza sin detenerse a pesar de inversiones y proyectos. Es la quinta desigualdad, la del reparto solidario de la riqueza

Y por fin, la transparencia y calidad política. Según “Transparencia internacional”, Panamá aparece en la posición 102 de un total de 177 países. Es la sexta desigualdad, la de la confianza en quien manda.

Enumerados los seis problemas prioritarios para la mayoría, toca ahora ubicar el número de orden -anterior a éste y posterior a aquel otro- de la sequía.

Nos preguntamos si la sequía no coincide y se solapa con los seis problemas prioritarios citados, sin no está “entre ellos”. Porque afecta a las oportunidades, a la ubicación, al respeto por las leyes, a la enfermedad, al reparto de la riqueza y la confianza respecto a quien manda.

Algunos pensamos que la sequía no es un problema en sí mismo, que obliga a adjudicarle un número de orden entre los prioritarios, sino que es un problema repartido entre los prioritarios, que se ubica en todos y cada uno de ellos. Si seguimos con esta reflexión, su solución vendría ligada a la solución de los ya conocidos y priorizados.

Porque la solución completa al problema del agua (si es que puede haber para él una solución completa), depende de un gran número de decisiones y actos. Tantos que, sin duda, escapará al período de nuestras vidas. Pero es un problema que tal vez no adolecería de ninguna urgencia de no ser por dos circunstancias, en cierto modo ajenas a él. De un lado, la sequía, y de otro, la remodelación jurídico-política que el conjunto de la comunidad panameña se ha propuesto abordar en nuestra época.

Entendemos los argumentos de quien se extrañe de que consideremos la sequía como una circunstancia ajena a la ordenación hidráulica del país. Porque casi todos están de acuerdo en que la sequía es la causa de muchos de nuestros males. También es comprensible que aceptemos que el trabajo sería mucho menos arduo y la riqueza sustancialmente más cuantiosa a poco que la naturaleza se mostrase un poco más pródiga en sus precipitaciones en la cuenca atlántica y en la pacífica.

Si con la ayuda de los dioses del Olimpo, alguien pudiera obtener de la naturaleza el compromiso de que cada año cayera sobre esas cuencas, de forma constante, la máxima precipitación anual registrada a lo largo de un siglo de aforos, ese milagro no evitaría el tener que definir un plan integral de gestión hídrica de ese territorio. También habría que hacerlo cuando las cuencas dependieran de la versatilidad de la lluvia.

Meditemos con la frase del gran escritor e ingeniero español Juan Benet. Decía que “la presunta culpabilidad de la sequía es el mayor mal provocado por la sequía. La sociedad, para vivir en el estado de inocencia, ha de encontrar a los culpables de los desastres. Pero cuando culpa a la sequía de una insuficiente dotación de agua lo vuelve todo patas arriba. Y es que la culpa sólo es de la sociedad por demandar por encima de sus recursos. Y por ignorar, en un momento de abundancia o de estricta satisfacción de la necesidad, que todo mal social se ha de resolver socialmente, sin necesidad de apelar a las fuentes de la naturaleza”.

Coincidimos con Benet en muchas cosas. También en que, en la tercera revolución industrial, los volúmenes a aportar para los diversos usos se han de medir más por la cantidad de agua que precisa el ecosistema, el ciudadano, el agricultor, el industrial, el hidroeléctrico y el Canal (ponga el lector el número de orden que considere más adecuado entre todos estos usuarios), que por la que recibe del cielo.

Cualquiera que sea el uso que se le quiera dar al agua, el panameño ha de tener a su disposición esos 1.000 metros cúbicos de agua al año. Esos que se han consensuado como imprescindibles. Los estrictamente necesarios  para poder llevar una vida sana e higiénica (aquí habría que sumar lo necesario para los ecosistemas, que al final dan vida y salud al ser humano). Y poco más. Esos son los volúmenes que para una planificación política constituyen el parámetro dominante. Muy por encima de todos los datos locales y de las consideraciones históricas.

A partir de ahí, con los mínimos niveles de vida garantizados habrá que empezara sortear los obstáculos. Sobre todo, los que se opongan a las necesidades consensuadas. Con equidad e inteligencia. No solo  los naturales (diversidad de climas, de suelos y de paisajes). También los artificiales (el modelo de país para el que queremos el agua).

Parece pues que la sequía no es un problema sino una oportunidad de resolver los problemas existentes.

Veamos un ejemplo de actualidad candente, definitoria del problema. Leemos que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una vez más, da la voz de alarma por sequía y toma medidas. Porque resulta que el lago Gatún vuelve a iniciar un verano con sus niveles bajo mínimos. Para los que no conocen mucho la gestión del canal, este lago y el embalse de Alajuela son las principales fuentes de agua para las operaciones de la vía acuática.

Por eso, a a partir del 15 de febrero la ACP aplicará medidas de ahorro. Y eso, como siempre, incomodarán a los usuarios del canal y de sus aguas. También indican que esto sucederá “mientras se implementa una solución a largo plazo a la situación del agua”. Es decir, mientras no se haya aprobado un Plan de Sequías. El imprescindible para que se regule el uso del agua desde mucho antes de que los niveles del lago estén por los suelos. Y para introducir un sistema de indicadores. Además de otro de umbrales de entrada y salida de los diferentes escenarios de sequía.

Además de fijar claramente las pautas de explotación de los sistemas. Y de las medidas a aplicar en relación con la utilización del agua, los cauces y su espacio fluvial, en cada escenario. Este tipo de planes dan seguridad, garantía y agilidad. Porque deben permitir operar automáticamente. Sin sorpresas desagradables como la de imponer un peaje casi, casi sin avisar. Para ello, se necesita haber llevado a cabo un debate social, dando toda la información a la ciudadanía y a los interesados, antes de que se presente la sequía.  Así, una vez aprobado, los usuarios conocen las medidas a aplicar con suficiente antelación y total seguridad jurídica.

Pues bien, estamos ya en 2020. Y aunque todos pensábamos que la situación vivida en 2016 sería difícilmente repetible a corto plazo, resulta que no. Ahora nos informan de que el año 2019 fue el quinto más seco desde 1949. También de que la temperatura media en la cuenca del canal ha aumentado entre medio grado centígrado y un grado y medio. Y eso es letal para que se dispare la evaporación en los embalses.

Para paliar en lo posible esta situación, el canal dará un valor al agua. Y este valor variará en función de la evolución de los recursos disponibles en los embalses de los que se abastece. Por ello, el agua será un servicio marítimo más de los que ofrecen a sus usuarios. Así que prepárense para pagar también por ella. Aunque solo lo harán los buques que superen los 38 metros de eslora.

De esta forma, cuanto más se agudice la sequía, más habrá que pagar por el tránsito del buque. Y se hará mediante un peaje adicional, que sumará dos conceptos. El fijo, evaluado en 10.000 dólares por tránsito. Y el variable, fijado cada día. Este último depende del nivel del agua en el lago Gatún.  Así pues, según el nivel medido cada día, se incrementará el fijo en una cantidad. Que oscilará entre 10 y 100 dólares por tránsito. Es el peaje de la sequía, impensable para los gestores del canal y para sus usuarios, hace solo unos años.

Además, se introducen modificaciones en el sistema de reservas de tránsito, con relación a la disponibilidad de cupos. Así se pretende esquivar esta sequía garantizando el uso más eficiente del agua mientras dure el episodio. Sabiendo con antelación el número y tipo de buques que van a transitar.

Hoy por hoy, la ACP solo puede suspender la generación de energía hidroeléctrica para ahorrar agua. Y eso repercute sobre la economía de la empresa. Porque la energía requerida para las operaciones del Canal se obtiene de las plantas térmicas que funcionan con combustible.

En 1997-1998 ya hubo una situación similar a la actual. Entonces, el Canal se vio obligado a reducir su calado máximo. Y pasó de 12 metros a 11.13  durante varias semanas.

Esperemos que cuando la situación vuelva a repetirse en el futuro, haya alternativas. Y que se basen una eficiencia mayor del uso del recurso. Combinando reutilización con extracción CONTROLADA de agua de los acuíferos y  ahorro generalizado. Sin olvidar la desalinización de agua marina.

Recuerden de nuevo las sabias palabras de Juan Benet: “todo mal social se ha de resolver socialmente, sin necesidad de apelar a las fuentes de la naturaleza”

Lorenzo Correa

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