Las infraestructuras son necesarias, todos estamos de acuerdo en ello. Pero… ¿quién las paga?. Las hidráulicas, las nuestras, son muy necesarias. Y también necesitan alguien que la sufrague.
Los medios de comunicación, cada vez que la inundación, la sequía o el deterioro de medio presentan su desagradable aspecto ante la ciudadanía, proclaman a los cuatro vientos qué es lo que no se ha hecho, o se ha hecho mal. Y exigen que se solucione todo lo antes posible…con infraestructuras. Pero no está claro quien las debe pagar, pocas veces se aclara su identidad.
Hoy por hoy, en muchos países, se aboga porque sea solo la “administración pública” quien gestione el agua.
Tampoco en este caso se indica si la gestión pública del agua da para hacerlas. O sea, si pueden financiarse con impuestos, tarifas o tasas. O si es necesario algún tipo de financiación externo a los presupuestos públicos.
Uno de los aspectos más sugerentes de elucidar sobre el futuro de la gestión del agua, es otear el horizonte. Y descubrir los obstáculos existentes en el camino que a él nos lleva. Así, comprobamos como las ideas novedosas que alimentan la creatividad humana los remueven. Y nos presentan un camino más transitable. Hemos leído en la prensa una relativa a las infraestructuras y su financiación, que ahora les contamos.
¿Qué denominamos infraestructuras en el el escenario del futuro del agua? Presas, canales, acueductos, depuradoras, potabilizadoras, desalinizadoras, encauzamientos y coberturas de cauces. En resumen, los sistemas de abastecimiento, saneamiento y las actuaciones de protección ante avenidas. Pues bien, ahora ya hay que aumentar la lista con infraestructuras «verdes».
No podemos olvidarnos aunque poco se tenga en cuenta, del mantenimiento de las infraestructuras. Si se hace bien, encarece su gestión, si no se hace, las arruina
Resulta que, en el futuro del agua, también se considerarán infraestructuras los bosques y los humedales. Y que ya hay oferta mundial para que los “bonos verdes” estén disponibles. Para financiar su preservación, restauración y mantenimiento. Infraestructuras “naturales”, con financiación vía bonos. Ellas benefician a quienes “usan” ecosistemas para mejorar la calidad y la disponibilidad de agua. Para que hagan de filtro natural, protegiendo ante avenidas, preserven el espacio fluvial y laminen caudales. Esta es la idea a aplicar en bosques, humedales, riberas, etc.
La combinación de formas de infraestructura naturales y artificiales, multiplica los beneficios de ambos sistemas. Estos enfoques híbridos ahorran dinero y aumentan la vida útil de la infraestructura construida. También aumentan la resiliencia ante el cambio climático y producen beneficios colaterales. Porque reducen las emisiones de carbono, fomentan el trabajo rural y la protección del hábitat.
Los “bonos convencionales” para financiar infraestructuras, son usados por las administraciones locales o estatales o por sus empresas públicas. Con ellos obtienen dinero de inversores y se lo retornan a largo plazo con beneficios. Son harto conocidos y nada novedosos de cara al futuro. El futuro son los “bonos verdes”, que se orientan hacia la financiación de proyectos ambientales. Así se invierte TAMBIÉN en ellos en lugar de hacerlo SOLO en hormigón y acero. Se reduce así la rigidez y se aumenta la flexibilidad, metiendo más “bosque” y ahorrando más “acero”
En la “Cumbre de París”, los países participantes tuvieron que asumir el reto de implementar los compromisos establecidos. Lo hicieron en sus respectivos «objetivos marcados a escala nacional», en inglés, NCDs. La herramienta fue una estrategia nacional de atracción de capitales privados para cumplirlos. En este año 2018 toca actualizar los NDCs de cada país firmante o, si no es posible, presentar alternativas en la próxima COP 2020. Y hacerlo con inversiones que supongan actuaciones verdes, planificadas en grandes proyectos cuyo capital invertido esté comprometido con el crecimiento sostenible
Aprovechar el mercado de bonos, era una solución factible para recaudar dinero. También asegura infraestructuras resilientes y bajas en emisiones de carbono. Y atrae capital, emitiendo bonos con tasas de interés tradicionalmente bajas en economías desarrolladas. De esta manera genera activos cuantificados en más 60.000 millones de USD, en manos de inversores. Lo más importante es que éstos están comprometidos en la lucha contra el cambio climático.
Así, los bonos verdes son útiles para cumplir los objetivos climáticos mediante el cierre de la brecha entre las necesidades financieras y la demanda de los inversores. Son un instrumento de «reducción de fricción», mediante inversiones estables y a largo plazo. Y permiten acceder a un enorme abanico de inversores institucionales de renta fija, que en conjunto administran a nivel global 100.000 millones de USD.
Los bonos, pueden ser emitidos por municipios, empresas, bancos de desarrollo y ciudades. Su objetivo es financiar una amplia gama de proyectos, entre los que se encuentran los de infraestructuras hidráulicas. Su mercado crece sin parar, habiéndose cuadriplicado su emisión entre los años 2013 y 2015 y duplicándose en 2016, gracias al aumento de actuaciones gubernamentales y proyectos piloto en China. Y es precisamente China, quien se presenta ya como el mayor mercado mundial, seguida de Brasil, India y México.
Hasta ahora, ya se han destinado más casi 2.000 milones de USD a infraestructuras hidráulicas climáticamente adecuadas. Valgan ejemplos como la emisión de cuatro bonos verdes por la ciudad californiana de San Francisco en 2016-17. Allí se financiaron proyectos sostenibles de drenaje de pluviales y reutilización de aguas residuales. En la “seca” Ciudad del Cabo, se emitió un bono verde en 2017 para hacer lo posible para evitar la catástrofe de tener que cerrar los grifos un año más tarde, recreciendo embalses, potabilizando y reformando la red de saneamiento
El Criterio para Bonos Climáticos en el Sector de Agua, aprobado en 2016, define las condiciones para elegir infraestructuras hidráulicas susceptibles de contar con bonos verdes
Hasta hoy, la iniciativa privada cubre la mayoría de las emisiones, que, si bien solo tuvieron un incremento inferior al 1% en 2010, seis años más tarde llegaron hasta el 66%.
Con el mercado ya fijado y funcionando, los bancos dedicados al desarrollo se encargan de ampliar los plazos, como se puede comprobar en el caso del bono verde de 21años emitido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2016.
Hoy, ya estamos entrando en la nueva fase de bonos, por un lado para proyectos de preservación y restauración de humedales. Por otro de cuencas, bosques, zonas regables y grandes fincas agrícolas que estimulen la eficiencia en el riego. Y también en las redes de abastecimiento, el ahorro deméstico y agrícola y la protección ante inundaciones.
Para los desconfiados, los bonos verdes más seguros, están certificados. Un experto independiente, garantiza que las medidas a adoptar son eficaces en la reducción de los efectos de calentamiento global. Esto genera confianza en el inversor concienciado. Como es lógico, estos inversores prefieren destinar sus fondos a aumentar la resiliencia e incrementar la sostenibilidad. Y prefieren invertir su dinero solo en actuaciones que se adapten a las variaciones climáticas y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.
La discusión actual está en si el futuro, cuando de inversiones se habla, será como el presente. Es decir, si el horizonte que desde el presente oteamos, está teñido de tragedia. Este tono tan desagradable es provocado por la amenaza del cambio climático y recibido con prevención por el sector financiero internacional. Solucionar los problemas financieros del futuro del agua a largo plazo solo será posible de una forma. Saliendo de la zona de confort actual en este ámbito, cuyo diámetro temporal es corto, pues se abarca el corto plazo. Así se ha impedido plantear una batalla en igualdad de condiciones, ante algo tan a largo plazo como son las consecuencias del cambio climático
El futuro del agua en este aspecto deberá también pasar por un “quiebre” en la teoría de la inversión. No sólo invertir en lo que menos riesgo ofrezca y sea más estable en el tiempo. Hay que añadir aspectos relacionados con las tendencias sociales, el medio ambiente y la gobernanza.
Los bonos verdes pretenden ampliar su campo de acción al promover el cambio de actitud mental. Amplían lo que hasta ahora regía las cuestiones relacionadas con las inversiones y sus rendimientos. Porque introducen el concepto de lo socialmente responsable.
Fijemos nuestra atención en los 100 mil millones USD de bonos verdes del año 2017 invertidos en actuaciones sostenibles solo en 2017. Observaremos que la intención de sus poseedores no es solo obtener una ganancia concreta en un plazo determinado, sino que también pretenden garantizar que el negocio proporcione a sus inversiones un retorno «verde», en una carrera de largo recorrido que además se corre en todo el mundo simultáneamente hacia la meta de conseguir disponer de un sistema financiero bajo en carbono, es decir de una economía ecológica. Lo invertido en 2017 es muy superior a todo el presupuesto que las administraciones han destinado ayudas para impulsar la lucha contra el cambio climático en el mundo
Números cantan: de los casi mil millones de USD destinados a bonos climáticos, 220 son bonos verdes. Las administraciones mundiales ya no pueden hacer frente a los daños producidos por inundaciones, huracanes y tsunamis. Las aseguradoras, tampoco cubrirán los riesgos de clientes que no cumplan con los estándares de resiliencia al cambio climático.
Por eso, quien garantice bajas emisiones de carbono, invierta en infraestructura de bonos verdes y en general, adopte una economía resiliente al cambio climático, ganará la batalla. Esto lo están haciendo ya muchos gobiernos e instituciones públicas. Sobre todo de países en vías de desarrollo, con el imparable impulso del líder chino.
Legislar adecuadamente es la clave. Las infraestructuras verdes, son la base. Si se apuesta desde la administración por fomentar el cambio hacia una economía baja en carbono, se obtienen mejoras financieras. Y se incrementa la sostenibilidad de los créditos bancarios. Esto ya está ocurriendo en China, donde la Política de Directrices de Crédito Verde ha supuesto para los bancos una reducción del riesgo ambiental al que se exponían cuando hacían préstamos a sus clientes. Porque esas directrices obligan a los bancos a ser prudentes, desde el punto de vista financiero y ambiental,para abordar los riesgos del cambio climático.
Esta política pública china produce mejoras en los resultados financieros y en la sostenibilidad. Si se mantiene y refuerza, tendrá su reflejo en el mercado de bonos verdes y en la consolidación de una economía baja en carbono. Solo hace falta que cuanto antes, los bonos verdes aumenten su garantía. Que generen más confianza, mediante su homogeneización y mediante la exigencia de la certificación correspondiente. Solo así se podrá luchar con eficacia contra el fraude en las etiquetas verdes, que aleja de ellas a los inversores.
Regulando el mercado, garantizaremos que los bonos verdes continúen desempeñando un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Fomentando infraestructuras hidráulicas sostenibles.
Lorenzo Correa
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