De la Singapur que visitamos la semana pasada a la favela Rocinha de Río de Janeiro, hay varios mundos de distancia. Pero en todos se necesita el agua para vivir. Y a los de la favela ahora se la han privatizado.

En 1822, tras la caída del imperio portugués, Río se convirtió en la capital de Brasil con el rango de Distrito Federal. La capitalidad fue transferida a Brasilia en 1960 y Río se constituyó en el Estado de Guanabará, mientras que la cercana ciudad de Niteroi fue designada capital del Estado de Río de Janeiro, hasta que en 1975 se unificaron ambos estados.

En ese momento eran tres las empresas que gestionaban el agua: ESAG, Compañía de Saneamiento de Guanabará, responsable de las aguas residuales,  CEDAG, Compañía Estatal de aguas de Guanabará, del abastecimiento, mientras que SANERJ, era responsable de los servicios de agua y saneamiento del estado de Río de Janeiro.

La fusión de estados provocó la fusión de empresas gestoras y así el 1 de agosto de 1975,  nació CEDAE, Sociedad Estatal de Agua y Aguas Residuales.

CEDAE opera y regula el almacenamiento, tratamiento, aducción y distribución en red del agua, así como la recogida, transporte y depuración de las aguas residuales generadas por los casi 60 municipios del estado de Río de Janeiro… y sus favelas en las que pocos pagan el agua que consumen y menos tienen su vivienda conectada a una red de saneamiento o abastecimiento que funcione.

Y la noticia es que se acaba de aprobar (ante la sorpresa de muchos), la ley de privatización de CEDAE, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de Río del pasado lunes 20 de febrero, por 41 votos a favor y 28 en contra.

El gobierno estatal argumenta, ante el alud de críticas recibido tras conocerse esta polémica decisión, que la venta de la empresa es una de las condiciones del Plan de Recuperación Fiscal, firmado en enero con el gobierno federal, para ayudar a saldar la deuda del estado de Río con el gobierno federal, al aportar un ingreso de R $ 62 mil millones (US $ 20 mil millones) en tres años.

La llegada y salida de redes de agua fiables e impermeables a las favelas está en el centro del debate desde hace décadas. Pero el año pasado, el Gobernador dio orden de iniciar el estudio de viabilidad  de  concesión privada de la instalación de redes de alcantarillado y abastecimiento de agua en las favelas de Río, con el auxilio de Unidades de Policía Pacificadora (UPP) a través de una Asociación Público-Privada (PPP).

Las UPP se fundaron en 2008, siguiendo el modelo de la estrategia de reducción de violencia de Medellín. En Río, las UPP pretenden reducir la violencia dentro y fuera de las  favelas, instaurando una nueva forma de relacionar a la policía con la comunidad favelera. Están formadas por policías jóvenes, entrenados específicamente para “quedarse” en las favelas tras las operaciones policiales convencionales y muy frecuentes, por desgracia, dirigidas a rescatar rehenes y a expulsar a las bandas de narcotraficantes, bien sea mediante la detención o reubicación a otras zonas. Las UPP están presentes en las favelas las 24 horas del día y su trabajo se centra en dar asistencia a sus vecinos.

Si nos centramos en una de las favelas más pobladas, la de Rocinha, la de la película “Ciudad de Dios”, observaremos que en ella residen 70.000 personas y que un 70% de los vecinos reciben agua de la red de CEDAE, mientras que  el resto se “busca la vida”, bien conectando con alguien que tiene suministro, o mediante un pozo, o yendo a una fuente natural o pública a buscar su agua.

El 10% de las aguas residuales producidas van al medio, vía drenajes de pluviales, o vertiendo directamente a cauces o al mar. El 90% restante, teóricamente  van a la planta de tratamiento de aguas residuales de São Conrado, pero no llegan debido a que la red de alcantarillado está en unas condiciones nefastas que hacen que su impermeabilidad sea cercana a cero. Si uno recorre el tramo final de la conducción de aguas residuales, cercano a la turística y exclusiva playa de São Conrado, divisa y huele lo que sale por  un vórtice de líquido fangoso, procedente de la Rocinha, que al salir de la conducción por sus innumerables fisuras, se integra en el cauce del  río de la Avenida Aquarela, por donde llega al mar, generando una de las famosas lenguas negras, que emponzoñan las playas cariocas. Pero de esto ya hablamos en futurodelagua.com con ocasión de los  Juegos Olímpicos del verano de 2016 .

La resistencia a lo que se avecina con la privatización por parte de los residentes en las favelas, no se ha hecho esperar, pues se malician que, como ya ocurre con el suministro de electricidad recientemente privatizado, la empresa adjudicataria cobrará precios inasumibles para su nivel de ingresos. Si bien es cierto que existe la posibilidad de que los residentes de bajos ingresos se rijan por una tarifa social de agua y alcantarillado, que es de R $ 28,72 (US $ 9,23) al mes, los líderes favelistas aseguran que ni eso podrán pagar la mayoría de sus vecinos

Y para luchar contra esta ley, las asociaciones de vecinos de más de 60 favelas de Río de Janeiro, que fundaron la Unión Comunitaria en 2014 ya están organizando la estrategia de respuesta, porque creen firmemente que ninguna empresa privada puede acometer la inversión necesaria en redes muy maltrechas o inexistentes sin tener garantizado un ingreso continuo, via tarifa, de sus clientes. Lo primero que exigen es que se discutan las tarifas sociales con los residentes de cada comunidad, porque cada favela tiene su dinámica y diversidad.

Todos preparados, una vez más y esta vez en Brasil, para otra guerra del agua.

Este tipo de movimientos comunitarios siempre han estado en la vanguardia de la lucha por la  regulación de los servicios públicos en las favelas. Su argumento principal es que si los residentes en las favelas son tratados por la administración como cualquier otro ciudadano, será porque la administración les otorga los mismos derechos y obligaciones y porque el precio que pagan por los servicios es justo. Pero desgraciadamente, los servicios públicos en las favelas son lamentables, pues lo normal es que haya semanas enteras sin suministro de agua, que no exista alcantarillado en condiciones… y eso no anima a ser “buen ciudadano”

Por ello, el estado de ánimo en las favelas es negativo y pesimista ante la privatización, porque    nadie va a invertir millones de dólares en una empresa sin asegurarse una amortización y un beneficio vía tarifa con garantías de cobro. Aunque el arancel social se mantenga con la privatización de CEDAE, las tarifas pueden cambiar y lo harán al alza, claro.

La primera reunión se celebró  en la favela Vidigal, vecina de la de Rocinha, que se ha convertido en la más «cool», tanto que hasta David Beckham se ha comprado una residencia allí para disfrutar de las vistas de la bahía y del vecindario, cada vez más poblado de gente fina y con posibles, ansiosa de conocer el ambiente faveliano. El ya famoso concepto de “gentrificación”, la transformación de un barrio deprimido o de clase media-baja en un lugar de moda, desplazando  a su población original y sustituyéndola por otra de un nivel adquisitivo mayor, también ha llegado a esta favela carioca.

Pacificada desde 2011 cuando la Policía Militar la limpió y la dejó en manos de las UPP, sus “mansiones” se desparraman por la ladera de una colina y para llegar a ellas hay que superar rampas de entre el 10 y el 15% , a 30 º de temperatura y con un 80% de humedad. Eso sí, con espectaculares panorámicas guanabarianas.

Así pues, en esta favela se reunieron nada más conocer la noticia  y ante la convocatoria de la Asociación de Vecinos de Vila Vidigal, los líderes de la Unión Comunitaria de las favelas de la Zona Sur: Santa Marta, Rocinha, Morro dos Prazeres y Tabajaras, para analizar el preocupante (para ellos), hecho de que la privatización de la CEDAE se va a aplicar en su ámbito primero en las favelas donde se instalaron las UPP y que así se ayuda a acelerar la gentrificación, expulsando a los residentes de sus propiedades sin desalojos oficiales.

Ahora, el peligro de que la humilde población de las favelas asocie a las UPP con la gentrificación es evidente y  supone una pérdida de confianza en la administración y por supuesto en sus decisiones privatizadoras, que se convierten en un banderín de enganche para enrolar a todos aquellos que no quieren ser desalojados de su hábitat natural. Además, ya disponen de un “casus belli” para fundamentar su lucha. El agua es un argumento belicoso más, otra vez, ahora en las favelas

El pasado reciente, es preocupante. Las pérdidas que obligan en principio a la privatización, han repercutido en el servicio que presta CEDAE. Antes de que llegaran las UPP, era normal que la gente sacara el agua de donde podía, legal o ilegalmente. La parte positiva es que no había quejas, porque casi nadie pagaba por el agua, si el recurso no les llegaba. Ahora que todo está controlado y regulado, cuando el sistema falla ( y lo hace a menudo), las quejas son constantes, ya que nadie confía en el regulador- operador.  Ejemplos: Morro do Andaraí, casi dos semanas sin servicios de tratamiento de aguas residuales, con disculpas presentadas por el responsable de CEDAE.

Esta situación no es seductora: Para la administración, vender es una solución para saldar una deuda. Para los clientes, es una amenaza de empeorar las cosas, pudiendo llegar hasta a quedarse sin suministro de agua de la red en el futuro si no pagan, mientras que en el que nacieron, crecieron y viven se «gentrifica» a costa de que desparezcan de allí y aparezca Beckham. Y eso no les gusta. Dos interpretaciones de un hecho comprobable, como es la decisión de privatizar la gestión del agua, vista desde un parlamento estatal o desde una favela.

La administración ha movido ficha y ha decretado que la CEDAE sólo puede cobrar la tasa por tratar las aguas residuales cuando el servicio funciona y las aguas negras llegan a la depuradora. Lo malo es que aunque el cliente acabe pagando menos ( porque el servicio actualmente es muy precario), lo que se paga no permite recuperar los costes de un servicio adecuado, porque, entre otras muchas cosas, hay que hacer una red nueva para evitar la contaminación de las emblemáticas playas de Río

Los favelistas exigen que se derribe el mito de que no quieren pagar el agua y la electricidad y que se les cobre el precio justo, aplicando políticas públicas que tengan en cuenta a los más necesitados a la hora de pagar tasas. Cuestión de interpretaciones.

Las reuniones continuarán de favela en favela. Lo que suceda, forma parte del futuro del agua.

Lorenzo Correa

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