Leer la prensa hidráulica norteamericana es un ejercicio apasionante para los que vivimos la gestión del agua en países menos avanzados y más pequeñitos. Hace poco leímos un reportaje sobre los denominados allí “sistemas de gestión de emergencia del  agua”, que emergen (valga la redundancia), de la discusión entablada sobre cuál es la mejor manera de gestionar el agua en el ámbito municipal.

Lo que se debate es la bondad de privatizar la operación de la gestión del agua de las redes municipales de abastecimiento cuando sus instalaciones  llegan al final de su ciclo de vida y los municipios no pueden restaurarlas o renovarlas por no tener presupuestos suficientes. Es un debate opuesto al existente en Europa, de remunicipalizar a privatizar. Curiosa paradoja

 

El artículo cita el caso de la ciudad de Woodbury en Nueva Jersey e informa de que allí  se ha designado a su red de abastecimiento como «en estado de emergencia», porque no puede satisfacer las necesidades de los consumidores en los momentos de máxima demanda. Sus 10.000 habitantes ubicados en la margen izquierda del río Delaware, que define la frontera con el Estado de Philadelphia, asisten con interés al debate entablado en la corporación municipal, que está considerando la venta de la operación de su red de abastecimiento de agua a una empresa privada.

No es este el único caso, porque más de 2.000 municipios estadounidenses han adoptado recientemente la gestión público-privada para la totalidad o parte de sus redes de suministro de agua, según informa la National Association of Water Companies, que representa a grandes operadores privados del servicio como   Veolia Agua Norte América o American Water. Ya lo han hecho importantes ciudades como San Antonio, Texas;  Akron, Ohio y Washington DC. Y el condado de Miami-Dade está considerando hacerlo con tres grandes plantas potabilizadoras, una de las cuales data del año 1924.

El caso de Flint, Michigan, es peor, aunque un ejemplo de lo que está ocurriendo en otras muchas ciudades: redes antiguas, con canalizaciones de plomo que  lixivian restos de mineral al agua del grifo. Solucionar este problema es caro, complejo e ineludible. Se da la paradoja de que desde el plano urbanístico, las ciudades son cada día más bellas y amables para sus habitantes y visitantes. Pero unos metros más abajo, las redes, que no se ven, pero que llevan el recurso básico para la vida a las personas, están cada día más gastadas y sobre todo, los materiales como el plomo que las conforman en muchos casos, son nocivos para la salud.

¿Y esto, cuánto cuesta?: el mantenimiento, la operación, la renovación y la actualización de las redes podría costar en EEUU entre 3 y 5 billones de dólares de aquí al  2028, según datos de la conferencia de alcaldes.

La American Water Works Association estima que solo las actuaciones destinadas a la sustitución y ampliación de las redes de canalizaciones costarían 1 billón de dólares hasta el año 2035. Por su parte la afamada American Society of Civil Engineers (ASCE),  ha puntuado las infraestructuras de distribución de agua en el país con un  1 sobre 5, estimando que para llegar a 4 sobre 5, se necesitarían en todo EEUU  84 mil millones de dólares en actuaciones de mejora de aquí a 2020.

 

¿Qué opinan sobre esto las empresas públicas municipales de agua? Según la Asociación de Agencias de Agua Metropolitana, que representa a las mayores empresas municipales de agua en el país, habrá que recurrir a la industria privada en busca de ayuda, porque las plantas potabilizadoras, las depuradoras y las redes de distribución y evacuación han llegado en muchos casos al final de su vida útil, tanto en lo que se refiere a las plantas, como a las tuberías en su material de diseño y en su limpieza interior

 

Las asociaciones público-privadas, son denominadas en EEUU “3P” (siglas de Public- Private- Partnership),  y están diseñadas de una manera muy elástica, ya que pueden asumir el control de mantenimiento y operación de un sistema completo, o de algunas de sus partes, comprando la red y añadiendo los beneficios de su operación, asumiendo la renovación completa, o pueden diseñar, construir y operar nuevas plantas de tratamiento de agua.  Las “3P” se han utilizado allí durante años en el ámbito del transporte, pero ya llevan tiempo operando también en el de la gestión del agua.

La imponente Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. ha informado que   cerca de 2.000 redes municipales y supramunicipales en los 50 estados de la Unión, tienen niveles de plomo que superan con creces los límites federales. Primer aviso para navegantes: la contaminación debida a los materiales cque conforman la red de transporte de agua

Los municipios pequeños como es el caso del citado Flint, no pueden permitirse el lujo de mejorar sus sistemas, o encontrar financiación, pues los intereses devengados no serían asumibles. En este caso optaron por cambiar la captación del río Detroit al más cercano río Flint y por un tratamiento menos costoso en la potabilizadora, que disparó la emisión de plomo de las antiguas tuberías de este material. Eso se llama pan para hoy y hambre para mañana. El primer aviso se convirtió en emergencia sanitaria

En el caso de las megaciudades, con muchas menos dificultades financieras, también se está produciendo el traslado al sistema 3P. El alcalde del Condado de Miami-Dade, con 2,5 millones de habitantes en la floreciente Florida, ha dicho que «no quiere operar nada», y ha abierto la puerta a la colaboración público-privada para el agua y otros servicios.

Los lectores de este blog ya saben que las ciudades se enfrentan a más retos acuáticos, no solo a la de la gestión del abastecimiento. hay que resolver también el drenaje urbano de grandes lluvias y a la depuración y devolución de las aguas residuales tratadas al medio (mar o río), sin perjudicarle. También saben que el aumento del nivel del mar y el crecimiento rápido de la población agravará los desafíos presentes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso de los EEUU emite un segundo aviso para navegantes: las inversiones en nuevos grandes proyectos de rehabilitación de los servicios del ciclo del agua descienden inexorablemente, como también ocurre con las subvenciones federales. Así, las inversiones de los gobiernos estatales y locales sólo ascendieron en el año 2014 a 33 mil millones de dólares, lo que supone un  23% menos que en el año 2009. Por su parte, el presupuesto federal destinado a subvenciones y créditos se redujo a 3.400  millones en 2014, un 35% inferior al destinado en 2011 a tales efectos.

Parece una constante en países diversos y lejanos, pero todos situados en el primer mundo, el hecho de que la crisis económica haya supuesto en todos los casos un descenso de inversiones que actuará como una bomba de relojería en el próximo futuro, ya que las instalaciones envejecen rápido y lo que no se mantiene debidamente, es cada vez más caro de reparar. Segundo aviso para navegantes: la ausencia de inversiones continuada provoca un enorme gasto de emergencia cuando todo falla.

Por eso, la encuesta estadounidense realizada el año pasado y encargada por la    Conferencia de Alcaldes de EE.UU., indicaba que para los alcaldes de ciudades de más de 30.000 habitantes, su mayor preocupación era la falta de inversión en infraestructura. Un 22% pedían inversiones para un adecuado sistema de transporte público, un 20% exigían inversiones en carreteras y  ya en un «meritorio»tercer lugar aparecían las inversiones en infraestructuras de drenaje urbano, abastecimiento y saneamiento

Cuando el segundo aviso para navegantes se convierte en alarma y emergencia, se suma al antes citado caso de Flint: la preocupación de la opinión pública y de los políticos se dispara porque sale plomo por sus grifos y todo el mundo se pone a correr.

El problema está en la percepción de la opinión pública y de los políticos responsables sobre la gestión del agua. Una carretera se  ve  y se juzga por lo que de ella se ve: sus baches, su trazado, su señalización vertical y horizontal y su número de carriles por sentido. Es relativamente sencillo de juzgar para cualquier persona que no sea especialista en carreteras. Se ve y se juzga. Pero las infraestructuras del agua, no se ven, solo se juzga el  servicio del agua por su presencia continua donde la necesitamos y por su ausencia de afecciones a la salud cuando la usamos. Pero nadie ve las tuberías ni el estado de los depósitos o de las bombas de impulsión. Cuando uso la carretera, veo y siento la carretera, pero cuando uso el agua no veo la tubería. Es un misterio para los usuarios. Y del misterio sale la desconfianza  y la preocupación.

Por eso, cada vez más usuarios están preocupados por perder el control público sobre las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, y temen que una empresa privada operadora va a imponer a la entidad pública reguladora aumentos de tarifas sin tener en cuenta la opinión de los votantes.

De un lado los que se oponen, como es el caso de Food & Water Watch,  organización sin ánimo de lucro de Washington. Para ellos, las “3P”dan lugar a ineficiencias de costos y pueden ser más caros para los consumidores que los sistemas públicos.  También los sindicatos están preocupados por proteger los empleos de los trabajadores municipales.

Por otro, los partidarios, como el ex presidente de la  ASCE, que ha declarado que  los aumentos de tarifa son inevitables, con o sin alianzas, debido a los años transcurridos sin dedicar los presupuestos de conservación y renovación necesarios en las ciudades. Aunque la  factura media mensual de agua haya subido en las 30 ciudades más grandes de  EEUU un 6% en 2015, lo que supone un 41% de aumento desde 2010.

Y llegan las decisiones: Atlanta, que tiene un sistema de gestión pública después de experimentar y revocar su contrato con una asociación privada, tiene el record nacional del tarifa del ciclo del agua mensual  (abastecimiento-saneamiento): 325.52 dólares para una familia de cuatro personas residentes en una vivienda.

Los estadounidenses pagan cientos de dólares al mes en facturas de teléfono móvil y de  servicio de televisión por cable. Pero la subida ineludible del agua no llegará a tanto, pero generará más protestas porque la factura del agua se ha mantenido artificialmente baja por los gobiernos locales bajo la presión de la opinión pública. ¿Les suena de algo este párrafo? Como aquí ya hemos escrito, el reto es que la sociedad interiorice que el agua es costosa y no cara.

Así las cosas, el Consejo de Alcaldes de EEUU proclama que las ciudades deben tener en cuenta las bondades del sistema “3P”, ya que los costos de mejora de infraestructura son tan altos que algunas ciudades irían a la quiebra si tuvieran que pagarlos.

Cuando se expone este argumento en reuniones abiertas a todos los ciudadanos, lo más normal es que uno se levante y diga:» La lluvia es gratuita. ¿Por qué tenemos que pagar tanto?”. Algunos le  responden que coja un cubo y vaya a buscarla al río, vigilando que sea potable. Allí como aquí, es muy difícil que la gente corriente entienda porqué  tiene que pagar tanto para usar agua limpia.

El debate sigue abierto en EEUU y en Europa, pues la Comisión Europea ha aprobado un documento que recomienda que las políticas de desarrollo de la UE deberían integrar el acceso universal al agua y al saneamiento mediante la promoción de asociaciones tanto público-públicas como público-privadas basadas en la “solidaridad” entre los operadores del agua. Porque los poderes públicos tienen el deber de garantizar el agua a todos los ciudadanos, independientemente del operador que preste el servicio.

Es imprescindible, resumiendo, que desde lo público, se aumente la inversión para mejorar el estado de las infraestructuras hidráulicas y sería deseable crear un organismo o autoridad nacional regulatoria.

La polémica no cesa, aquí hemos querido reflejar lo que está pasando en EEUU porque unos opinan que aunque la gestión sea pública y regulada desde la administración, el regulador no controlará nunca lo suficiente al operador (eso es falta de confianza en el regulador, terrible argumento). Y otros opinan que el regulador jamás tendrá presupuesto suficiente para acometer en tiempo y forma los gastos necesarios para una buena gestión, cosa que un operador privado sí puede hacer de una manera más eficiente y  además generando un legítimo negocio en la operación.

Dos interpretaciones de la gestión sobre las que el paso del tiempo no permite apreciar una convergencia seductora de criterios, sino que lo único que permite es escuchar incesantemente dos discursos paralelos…mientras la casa sigue sin barrer.

Lorenzo Correa

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