«Nuestro desconocimiento de la anatomía y de la fisiología sociales es prácticamente absoluto: solo sabemos que cualquier movimiento sociológico es peligroso e imprevisibles los efectos de su onda expansiva. Sabemos, sin embargo, que la posibilidad de sincronizarla ha tenido siempre sus especialistas. Tanto la Ley de Lynch como las capacidades de Rudy el Rojo o de Cohn Bendit son una prueba de ello.» José Torán. 1972

La participación pública en las decisiones relativas a la gestión del agua me parece el gran arcano (en su acepción de misterio, de cosa oculta y muy difícil de conocer cómo se hace bien) de los ya harto conocidos principios de la Directiva marco del agua. En todo caso, en el proceso derivado del desarrollo de dicho principio en la génesis de los planes de gestión de cuenca, esta participación pública llama al escenario a unos actores invitados que no son otros que los indicadores socioambientales, un aspecto clave a tener en cuenta cuando lo que se pretende es consensuar soluciones que al final siempre culminarán en la decisión de la administración competente en materia de agua.Sostenibilidad, confianza, seducción, participación, biodiversidad, garantías, recurso y patrimonio son, entre otros muchos, vocablos inherentes a la gestión del agua en el siglo XXI. Sus gestores, como apuntaba Torán, “aspiran a justificar la licitud de los beneficios generados, pretenden entenderse con la sociedad circundante y quieren conocer las apetencias de la misma”.

Si la salud de nuestra Tierra depende de la conservación de la diversidad, pocos niegan ya que la crisis ambiental que sufre nuestro planeta ha traspasado la barrera de la conciencia social para llegar a ser un fenómeno socioambiental.Son las llamadas ciencias ambientales las encargadas de interpretar los síntomas, de gran complejidad, para así poder disponer de respuestas empíricas a los problemas planteados. En el entorno hídrico, estos problemas son de todos conocidos, aunque no lo son tanto sus soluciones reales, sobre todo si se tiene en cuenta que las enormes inversiones a realizar en los próximos decenios solo para cumplir en la medida de lo posible los principios de las Directivas acuáticas, no tienen claramente definida su fuente de financiación ni han sido asumidos por la sociedad como contribución solidaria indispensable para conseguir esa bonanza ecológica, leit motiv de la Directiva marco: sequías, inundaciones, repercusión del calentamiento global, recuperación del buen estado ecológico en las aguas superficiales, del químico y cuantitativo en las subterráneas, restauración de riberas, eficiencia en el riego agrícola, mantenimiento de los caudales mínimos ambientales, defensa, recuperación y restauración del espacio fluvial ante el “ataque” de las infraestructuras y el urbanismo y un largo etcétera, son aspectos presentes en los planes de gestión de cuenca que van saliendo hacia Europa con retraso y riesgo evidente de obtener buenas notas en el examen de estado que se avecina.

La reforma tarifaria en profundidad que ya se está tímidamente produciendo y la polémica privatización de la operación del ciclo del agua parecen ineludibles, ya que las tarifas actuales son totalmente insuficientes para abordar los presupuestos necesarios para implementar las medidas que un gran parte de la sociedad demanda y las administraciones públicas no andan precisamente sobradas de recursos para mejorar y mantener la gestión.

Y esta reforma, vaya en el sentido que vaya, es consecuencia de una decisión política derivada de unos estudios científicos, que obliga a redefinir el papel que la ciencia tiene en la política y viceversa, pues los retos planteados solo podrán resolverse integrando y aplicando conocimientos en un marco de colaboración entre científicos, políticos y ciudadanos, estructurando el actual cientifismo de la política con la politización de la ciencia para mejorar la sostenibilidad en todas sus dimensiones, pasando de la pluridisciplinariedad a la multidisciplinariedad y de ésta a la interdisciplinariedad o trabajo en equipo con espíritu abierto, donde las críticas sean aceptadas como algo positivo y en el cual intervengan un gran número de disciplinas: biología, cartografía, demografía, derecho, economía, filosofía de la ciencia, geografía, geología, hidroquímica, ingeniería, paisajismo, pedagogía, politología, sociología, urbanismo…

Es público y notorio por publicado que la gestión del agua en España está permanentemente inmersa en incertidumbres de todo tipo. Parece evidente que solo un gran pacto de gestión podrá permitir el avance en la solución de los problemas que nos rodean y es evidente que ese pacto no acaba de firmarse. Algunos sectores de la sociedad ya lo están pidiendo a gritos, otros lo ven inviable, imposible de conseguir por la sideral distancia que hay entre los intereses de unos, los buenos deseos de los otros y el status quo del reparto de recursos concedidos a costa del patrimonio ambiental.

Si el objetivo de la participación definida por Europa no es otro que la de la mejora de la toma de decisiones y en los procesos de información y consulta, la DMA cuenta con toda la ciudadanía, sea parte interesada o no, los estados miembros deben “animar” a la implicación activa y “asegurar” la consulta y el acceso a la información de base. Ello significa más que una consulta, que normalmente implica la manifestación de una opinión, sino que implica a los actores en la intervención activa en los procesos de planificación en la discusión de los temas para contribuir a su resolución. Influyen, aunque no sean responsables de la decisión final. Por todo ello, la propia DMA afirma que el éxito de su implementación dependerá entre otros factores, de la voluntad política y principalmente de la información, consulta y participación del público.

Realizados ya en España los procesos participativos de los primeros planes hidrológicos y en fase de realización los de los segundos, el reto sigue siendo el de trabajar en la búsqueda de soluciones ampliamente aceptadas sobre la gestión del agua, para que las decisiones a adoptar tengan en cuenta las opiniones, experiencias y propuestas de los principales implicados, aumentando el consenso social sobre las decisiones, reduciendo los conflictos entre intereses opuestos, incrementando el grado de conciencia social sobre los problemas ambientales de la cuenca y mejorando la calidad de los planes de gestión de cuenca. Todo ello, mediante el acceso a la información de base (relación unidireccional con el ciudadano), la consulta en tres etapas de un proceso reglado (bidireccional) y la implicación activa (también bidireccional). No cabe duda que en las circunstancias actuales, con unos procesos (algunos muy criticados por ineficientes) ya acabados en nuestro país estamos viviendo unos momentos realmente apasionantes en este sentido, cuya deriva habrá que seguir muy de cerca en los próximos años.

El apoyo fundamental para permitir una fluida y correcta comunicación entre los planificadores y los decisores políticos, el entorno científico técnico y la sociedad civil, viene dado por los indicadores socioambientales. Lo ideal sería crear un entorno amable de aprendizaje social que permita la transición a otra manera de pensar los problemas sociales y ambientales, mediante la construcción de un sistema de relaciones y de instituciones sociales capaces de abordarlos. Para ello hay que partir de una actitud humilde en el reconocimiento de las limitaciones de las percepciones, los conocimientos y los valores de cada parte, integrando todos y cada uno de ellos en la planificación para promover estrategias y acciones en la planificación hidrológica. El gran reto a asumir es del de la transición a la sostenibilidad reorientando los procesos actuales de creación de conocimiento, de ciencia y de tecnología.

Los indicadores facilitan la síntesis de la información disponible y mejoran el proceso de comunicación tanto a nivel científico como en el marco imprescindible de la divulgación a los políticos y a la sociedad en general. Fueron definidos por la OCDE en 1993 como los parámetros o valores derivados de diversos parámetros que describen el estado ambiental de un entorno o área, tanto cualitativa como cuantitativamente, mediante la relación existente entre ambos. O sea, que cualifican o cuantifican el estado ambiental simplificando los fenómenos, elucidando realidades complejas y aportando información sobre los cambios de un sistema. Ayudan por ello a los decisores a entender las causas que provocan cambios en un sistema, aunque en muchas ocasiones exista un elevado grado de incertidumbre. Si son socialmente robustos, relevantes desde un punto de vista social, mejorados con el conocimiento “no científico” y están validados por la sociedad además de contextualizados, supondrán una herramienta de gran valor para el decisor.

Si trasladamos a la gestión hídrica este procedimiento, en primer lugar debemos apreciar su oportunidad, ya que la Directiva no hace otra cosa que fomentar método causa, presión, estado, impacto, respuesta. Por ahí están siempre pululando los indicadores del estado de los ecosistemas y del nivel de sostenibilidad de la cuenca, que surgen de un sistemático proceso de recogida de información sobre diversos aspectos florísticos, faunísticos e hidrológicos que nos permitirán conocer y medir el estado del patrimonio natural tanto del río como del territorio fluvial, su lógica zona de expansión. Y en segundo lugar hay que analizar aspectos relevantes de la cuenca desde el punto de vista social, como la disponibilidad de consumo por sectores o la percepción social de los actores en relación a la gestión hídrica y los recursos y problemáticas asociadas, desarrollando en conjunto un proceso de evaluación integrada que sirva como base de apoyo a los procesos de deliberación, debate y toma de decisiones en el ámbito de la cuenca estudiada, considerada como unidad de evaluación que tiene como unidades de muestreo a los municipios, las masas de agua, los transectos y las estaciones de seguimiento
Un buen ejemplo de indicador sería el seguimiento de las noticias que se publican en los medios de comunicación relativas a los asuntos relacionados con la gestión del agua. Hay una cierta relación entre las zonas con más presión antrópica y el número de noticias. A mayor urbanización, mayor número de noticias y viceversa.

Tanto las ciencias como las tecnologías hegemónicas hasta ahora consideradas como normales y únicas, son insuficientes para algunos de los retos que lanza continuamente la sociedad contemporánea, cada vez más interconectada y global. Entran en escena las ciencias del siglo XXI, sobre las que destacan la“sostenibiología”, ciencia interdisciplinaria que integra el conocimiento experto y no experto(¿recuerdan aquella alusión de la vetusta Ley de Aguas a preguntar siempre a los viejos del lugar?), o la evaluación integrada de la sostenibilidad, enfoque sistémico de evaluación y aprendizaje para la práctica política y social en la mejora de la sostenibilidad. Habrá que prepararse para asumir estos retos, es decir tendremos que trabajar todos en desaprender y por ello en el aprendizaje social, para adaptarnos de la manera más eficiente posible a las circunstancias cambiantes que serán el escenario habitual de este siglo.

La promoción adecuada de la participación activa antes de la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos hídricos es la base sobre la que habrán de promoverse los procesos de aprendizaje social para conseguir la implicación activa que indica la Directiva marco con el mayor grado de implicación posible de los participantes: nuevas formas y nuevas relaciones en un proceso en el que todos aprenden de forma continua a conceptualizar y reconceptualizar los temas clave de forma constructiva y cooperativa, creando capacidades sociales para enfrentarse a los problemas comunes en el contexto ambiental e institucional en que se desarrollan las actividades de los actores (la cuenca): aprender juntos para gestionar juntos.

Parece fácil pero hay que superar las desigualdades de la estructura social,aprovechando la participación como potencial para el cambio y la adaptación socioecológica estructural a nivel institucional. Porque los planes de gestión de cuenca deberían ser mecanismos ejemplificadores del interés por desarrollar los planteamientos de evaluación integrada con la participación de los agentes clave en la gestión del agua, incluidos los usuarios, con el objeto primordial de aprender juntos para gestionar (y planificar) juntos.